Monday, August 22, 2016

¿Busca el Estado convertirnos a todos en criminales?

      
           No nos hacemos la pregunta con sorna o ánimo alarmista. Surge a partir del análisis de las acciones y propuestas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro y de las consecuencias derivadas de estas acciones, padecidas en carne propia.
            En los últimos tiempos el problema de la crisis alimentaria, por hablar sólo de uno de los más graves,  ha sido abordado por el gobierno a través de iniciativas nocivas que en la mayoría de los casos han actuado como revulsivos, con resultados que empeoran, recrudecen y complejizan la situación.
Iniciativas como los CLAPS, por ejemplo, adjudican la distribución de alimentos básicos a grupos parcializados al partido en el poder, que entregan cantidades ineficientes de comida a personas seleccionadas por un criterio más sectario que de necesidad. Las denuncias entorno al acaparamiento, tráfico y sobreprecio de las bolsas del CLAP se han reproducido a partir de la instauración del plan.
La activación “sorpresa” del plan, ocurrido en la avenida Fuerzas Armadas, en Caracas, en junio pasado, produjo enfrentamientos entre personas que habían estado esperando desde la madrugada por alimentos, cuando éstos fueron “requisados” abruptamente por los “comités” supuestamente encargados de su distribución, en una situación irregular que culminó en violencia.
El actual contexto país es de dinámicas planteadas para someter a las personas a escenarios de tensión, desespero, rabia y violencia. Realizar largas colas durante horas, muchas veces para obtener pocas cantidades o ninguna de productos, genera circunstancias de desánimo, ira y conflictividad. La realidad de las colas ha propiciado nuevas formas de corrupción, criminalidad y alteración del orden: mercado negro de alimentos, irregularidades en la distribución, revendedores de comida, mafias de los “puestos” y números en la cola, actuaciones corruptas de los funcionarios policiales encargados de vigilarlas, roces entre personas de la comunidades que se sienten “invadidas” por personas de otra comunidad que acuden a su zona buscando alimentos.  Esto sin contar la represión que se hace sobre las s manifestaciones de protesta entorno a la problemática de la alimentación, los “mini saqueos” que se suceden en los sectores populares  a diario.
De una forma cruel, el gobierno evade  responsabilidades en un discurso que criminaliza a las víctimas de la situación. Según el gobierno los manifestantes forman parte de grupos subversivos, los “bachaqueros” han sido creados y trabajan en conjunto con productores y empresarios, las personas que no pueden comer pertenecen a grupos disidentes al gobierno.
La realidad es que el hambre, en la que han sumido a nuestra gente,  es uno de los peores padecimientos que puede sufrir el ser humano, que físicamente tiene consecuencias en nuestro comportamiento y actitud y ante el que una gran mayoría de los venezolanos se enfrenta a diario, con consecuencias terribles para sí mismos y los suyos.
Una madre en la Vega nos brindaba un testimonio desgarrador al relatarnos cómo sufría accesos  de rabia con sus hijos, luego de privarse de comida para dársela a ellos. La mujer se sorprendía de una rabia que no sabía explicar en un principio y que luego relacionó alarmada con su falta de alimentación. Una respuesta fisiológica natural para una persona  que prácticamente vive un cuadro de inanición.
El Observatorio Venezolano de la Violencia, confirmando algo que venimos viendo desde hace algún tiempo, reporta un aumento de la criminalidad, por una incidencia importante de “crímenes por hambre”. Hurtos y saqueos de comida o robos de bienes para vender y poder comer. Delitos que actualmente no son, en su totalidad, cometidos por delincuentes regulares, sino por personas desesperadas, llevadas al extremo por la situación.
En una actividad en la Pastora, el pasado fin de semana, pudimos conocer la percepción de la gente en torno al último anuncio presidencial de aumento de sueldos. Las personas se veían preocupadas por la noticia: sabían que el aumento incidiría en la subida de precios y ponía en peligro sus lugares de trabajo, a sabiendas de que muchas empresas no podrían financiarlo. Su respuesta ante el anuncio era de desconfianza y molestia, eran conscientes de las realidades económicas que implicaba y sólo podían esperar nuevos problemas a partir de esta  iniciativa gubernamental.
Casualmente, la actividad en La Pastora era un sancocho comunal, organizado por la gente para enfrentar el hambre y celebrar un bingo para recaudar fondos para una iniciativa contra la violencia. El dinero reunido se utilizaría para dotar de timbres a diferentes puntos del barrio y así establecer un sistema informal de alarma para robos y hurtos y alertar a todos los vecinos.
Al ver estas iniciativas, realizadas sin apoyo del Estado, donde aflora la necesidad autentica de resolver los problemas a través de formas solidarias y convivenciales, donde la gente apela a lo mejor de sí misma para tenderle la mano al otro y meterle el cuerpo a la crisis, la pregunta que formulábamos al comienzo de este texto se hace aún más pertinente. ¿Por qué son tan nefastas las políticas del gobierno hacia la gente? ¿Por qué parecen llevarnos a situaciones extremas en vez de ayudarnos a organizarnos y propiciar el encuentro  y una mínima convivencia, además de aportar soluciones viables que puedan sostenerse en el tiempo?
¿Busca el Estado convertirnos a todos en criminales?

Roberto Patiño
Coordinador de Movimiento Mi Convive
Miembro de Primero Justicia



No comments:

Post a Comment