No nos hacemos
la pregunta con sorna o ánimo alarmista. Surge a partir del análisis de las
acciones y propuestas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro y de las
consecuencias derivadas de estas acciones, padecidas en carne propia.
En los últimos tiempos el problema
de la crisis alimentaria, por hablar sólo de uno de los más graves, ha sido abordado por el gobierno a través de
iniciativas nocivas que en la mayoría de los casos han actuado como revulsivos,
con resultados que empeoran, recrudecen y complejizan la situación.
Iniciativas
como los CLAPS, por ejemplo, adjudican la distribución de alimentos básicos a
grupos parcializados al partido en el poder, que entregan cantidades
ineficientes de comida a personas seleccionadas por un criterio más sectario
que de necesidad. Las denuncias entorno al acaparamiento, tráfico y sobreprecio
de las bolsas del CLAP se han reproducido a partir de la instauración del plan.
La
activación “sorpresa” del plan, ocurrido en la avenida Fuerzas Armadas, en
Caracas, en junio pasado, produjo enfrentamientos entre personas que habían
estado esperando desde la madrugada por alimentos, cuando éstos fueron “requisados”
abruptamente por los “comités” supuestamente encargados de su distribución, en
una situación irregular que culminó en violencia.
El
actual contexto país es de dinámicas planteadas para someter a las personas a escenarios
de tensión, desespero, rabia y violencia. Realizar largas colas durante horas,
muchas veces para obtener pocas cantidades o ninguna de productos, genera
circunstancias de desánimo, ira y conflictividad. La realidad de las colas ha
propiciado nuevas formas de corrupción, criminalidad y alteración del orden:
mercado negro de alimentos, irregularidades en la distribución, revendedores de
comida, mafias de los “puestos” y números en la cola, actuaciones corruptas de
los funcionarios policiales encargados de vigilarlas, roces entre personas de
la comunidades que se sienten “invadidas” por personas de otra comunidad que
acuden a su zona buscando alimentos. Esto sin contar la represión que se hace sobre
las s manifestaciones de protesta entorno a la problemática de la alimentación,
los “mini saqueos” que se suceden en los sectores populares a diario.
De
una forma cruel, el gobierno evade
responsabilidades en un discurso que criminaliza a las víctimas de la
situación. Según el gobierno los manifestantes forman parte de grupos
subversivos, los “bachaqueros” han sido creados y trabajan en conjunto con
productores y empresarios, las personas que no pueden comer pertenecen a grupos
disidentes al gobierno.
La
realidad es que el hambre, en
la que han sumido a nuestra gente, es
uno de los peores padecimientos que puede sufrir el ser humano, que físicamente
tiene consecuencias en nuestro comportamiento y actitud y ante el que una gran
mayoría de los venezolanos se enfrenta a diario, con consecuencias terribles para
sí mismos y los suyos.
Una
madre en la Vega nos brindaba un testimonio desgarrador al relatarnos cómo
sufría accesos de rabia con sus hijos,
luego de privarse de comida para dársela a ellos. La mujer se sorprendía de una
rabia que no sabía explicar en un principio y que luego relacionó alarmada con
su falta de alimentación. Una respuesta fisiológica natural para una persona que prácticamente vive un cuadro de inanición.
El
Observatorio Venezolano de la Violencia, confirmando algo que venimos viendo desde hace algún
tiempo, reporta un aumento de la criminalidad, por una incidencia
importante de “crímenes por hambre”. Hurtos y saqueos de comida o robos de
bienes para vender y poder comer. Delitos que actualmente no son, en su
totalidad, cometidos por delincuentes regulares, sino por personas
desesperadas, llevadas al extremo por la situación.
En
una actividad en la Pastora, el pasado fin de semana, pudimos conocer la
percepción de la gente en torno al último anuncio presidencial de aumento de
sueldos. Las personas se veían preocupadas por la noticia: sabían que el aumento
incidiría en la subida de precios y ponía en peligro sus lugares de trabajo, a
sabiendas de que muchas empresas no podrían financiarlo. Su respuesta ante el
anuncio era de desconfianza y molestia, eran conscientes de las realidades económicas
que implicaba y sólo podían esperar nuevos problemas a partir de esta iniciativa gubernamental.
Casualmente,
la actividad en La Pastora era un sancocho comunal, organizado por la gente
para enfrentar el hambre y celebrar un bingo para recaudar fondos para una iniciativa
contra la violencia. El dinero reunido se utilizaría para dotar de timbres a
diferentes puntos del barrio y así establecer un sistema informal de alarma
para robos y hurtos y alertar a todos los vecinos.
Al
ver estas iniciativas, realizadas sin apoyo del Estado, donde aflora la
necesidad autentica de resolver los problemas a través de formas solidarias y
convivenciales, donde la gente apela a lo mejor de sí misma para tenderle la
mano al otro y meterle el cuerpo a la crisis, la pregunta que formulábamos al
comienzo de este texto se hace aún más pertinente. ¿Por qué son tan nefastas
las políticas del gobierno hacia la gente? ¿Por qué parecen llevarnos a
situaciones extremas en vez de ayudarnos a organizarnos y propiciar el
encuentro y una mínima convivencia,
además de aportar soluciones viables que puedan sostenerse en el tiempo?
¿Busca
el Estado convertirnos a todos en criminales?
Roberto Patiño
Coordinador de
Movimiento Mi Convive
Miembro de
Primero Justicia
