En las carreteras venezolanas ya es común para los transportistas, sobre todo de alimentos y comida, el pago de un “peaje bolivariano”, impuesto por funcionarios corruptos, para poder transitar las diferentes alcabalas de sus rutas. Hechos de este tipo, que se han vuelto habituales y comunes, definen la escala de los problemas estructurales de nuestro país.
La actual cotidianidad de los venezolanos nos exige lidiar diariamente contra la crisis alimentaria, médica y económica. La celebración de un Referendo Revocatorio este año, el mecanismo constitucional que la gran mayoría consideramos indispensable para producir los cambios que permitan salir de la crisis, se ha visto imposibilitado desde el gobierno a través de todos los medios posibles.
Otro de nuestros más profundos problemas, el de la inseguridad personal y la violencia que a comienzos de años era la preocupación principal de los venezolanos, ha quedado en un segundo plano de atención, sin que por ello se haya atenuado o mejorado.
Para finales de este año, algunas estimaciones proyectan la dantesca cifra de más de 25.000 personas asesinadas en hechos de criminalidad y violencia. Esto en medio de la implementación de nuevos planes de seguridad y reformas a los cuerpos policiales por parte de entes gubernamentales.
A comienzos de la semana pasada el Foro Económico Mundial, en su Índice de Global de Competitividad, colocó a Venezuela como la nación más corrupta del mundo. Esta noticia fue otra más entre tantas que describen la magnitud de la crisis actual que atravesamos y que tal vez no ponderamos en su justa importancia, sumidos como estamos en medio de nuestra implacable realidad.
La evaluación del Foro Económico Mundial coincide con el reconocimiento de nuevas formas delincuenciales que se están produciendo en nuestro país y que han detectado organizaciones como el Instituto de Estudios Populares en Caracas: en los últimos tiempos se ha venido registrando la incorporación masiva de efectivos de las Fuerzas Armadas (desde soldados rasos hasta oficiales medios) en actividades criminales, así como la organización para delinquir de grupos dentro de los cuerpos policiales.
Para nosotros es claro que todos hechos tienen como centro al Estado venezolano. Un Estado que ejecuta de acciones políticas nocivas para la convivencia y el desarrollo sociales, un Estado con discurso de humanidad y progreso que se distancia abismalmente de los hechos de injusticia y transgresión que produce.Un Estado que ha acabado legitimando la impunidad y que ha terminado perdiendo la más importante de condiciones para ejercer el poder: la confianza de la gente.
Esta situación la hemos percibido en toda su crudeza en nuestro contacto con comunidades de la Cota 905 de Caracas. Esta zona ha sido brutalmente afectada por los operativos de la OLP. Ya son numerosas las denuncias de abusos e irregularidades cometidos por funcionarios, en los que se han reportado desde ejecuciones sumarias y muertes de civiles inocentes, hasta saqueos y robos por parte de funcionarios y cuerpos de seguridad. Uno de los casos más terribles ha sido el del asesinato de Elizabeth Aguilera, cuyo cuerpo parcialmente incinerado apareció días después de denunciar la actuación de cuerpos policiales. Ya a mediados de junio, la fiscal general Luis Ortega Díaz emitió declaraciones acerca de la preocupación de la Fiscalía en torno a las denuncias surgidas a partir de las OLP, sin que se produjeran acciones significativas al respecto.
La pérdida de confianza en el Estado no es poca cosa. Fractura la relación entre las personas, sus gobiernos e instituciones, impide la implementación de planes y la búsqueda de soluciones consensuadas y abre la puerta a una situación de descontrol, anarquía, violencia e inseguridad que permea todos los espacios de la vida de un país.
Como lo hemos señalado con anterioridad, en este tipo de situación, cuando los esfuerzos para generar relaciones de solidaridad y convivencia, indispensables para el establecimiento de una sociedad, son enfrentados en primer lugar por el accionar del gobierno, se trastocan negativamente la vida y el desarrollo de las personas.
Porque cuando perdemos la confianza en el Estado, sobre todo a los niveles que hoy en día hoy padecemos en Venezuela, solo podemos verlo como en lo que en realidad se ha convertido: una amenaza.
PD: En el transcurso de la semana estaremos acudiendo al Foro organizado por Observatorio de Favelas, en Río de Janeiro. Escucharemos testimonios y trabajos acerca de experiencias y soluciones que comunidades en Brasil y Latinoamérica en respuesta a situaciones como las que hoy atravesamos en el país. La semana entrante hablaremos de ellas.
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